El debido proceso se define como aquel que cumple integralmente la función constitucional de resolver conflictos de intereses de relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada, protegiendo y resguardando, como su natural consecuencia, la organización del Estado, las garantías constitucionales y en definitiva la plena eficacia del Derecho. El proceso constitucional representa una especie dentro del género de los procesos jurisdiccionales y se concibe como aquel mediante el cual un tribunal constitucional, aplicando directamente la Constitución como norma decisoria litis, decide un conflicto en materias de su competencia. Este proceso, por su trascendencia y por los efectos erga omnes que generalmente tienen las decisiones que le ponen término, a diferencia de las comunes que son relativas, debe cumplir, como ninguno, con los requisitos que la Constitución, la ley y la doctrina exigen para que pueda ser calificado como "debido". Este trabajo examina algunos elementos procesales y constitucionales indispensables para lograr un planteamiento básico acerca del concepto, contenido y efectos del debido proceso constitucional, como igualmente de los principios informadores que lo sustentan.
