En México, la asignación de la publicidad oficial es la herramienta más común para ejercer la censura indirecta y es una parte integral del complicado panorama mediático del país. Sin reglas claras y precisas, permite influir o chantajear a los dueños de los medios y a los periodistas. Los gobiernos federal y locales utilizan la publicidad oficial para dar forma a la línea editorial de los medios de comunicación y empujar agendas partidistas. La asignación opaca y arbitraria de la publicidad oficial restringe el pluralismo y la diversidad de voces mediante la financiación selectiva de medios de comunicación que apoyan a los funcionarios y sus políticas. Algunos dueños de medios se asocian con políticos en una relación basada en la corrupción que genera beneficios y poder para ambos. Muchos medios de comunicación mexicanos se han convertido en adictos a los fondos públicos, corrompiendo la base ética del periodismo. A menudo se ofrecen artículos alabando o criticando a políticos específicos como palanca para negociar contratos de publicidad gubernamental más lucrativos.
